Con la presencia de 79 representantes de 21 asociaciones de base se realizó el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica que discutió dos cuestiones fundamentales: los problemas gremiales de preocupación para la docencia de las Universidades Nacionales y la coyuntura política que atraviesa nuestro país.
El «Congreso Extraordinario» se efectuó el pasado 8 y 9 de noviembre en Buenos Aires, y contó con la participación de delegados de organizaciones de todo el país.
Del debate surgió el consenso mayoritario de seguir luchando para defender los derechos conquistados por el conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria y los trabajadores.
En un inicio, se realizaron cinco comisiones que abordan los siguientes ejes temáticos:
- Convenio Colectivo de Trabajo, con la centralidad puesta en la virtualidad
- Obras sociales universitarias
- Jubilaciones
- Niveles preuniversitarios
- Los 7 puntos para la nueva universidad argentina.
Luego del trabajo en comisiones se efectuó una plenaria para poner en común las relatorías y las principales conclusiones de cada una de ellas. En una segunda instancia, se debatió sobre la situación política nacional y la deliberación colectiva permitió un consenso mayoritario. En primer lugar, ratificar la histórica posición de la Federación: defensa de la democracia, de la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada, del sistema científico, tecnológico nacional, de la educación y la salud estatal gratuitas, del sistema previsional estatal con movilidad, de los derechos de las mujeres y los colectivos LGTB+, de los derechos humanos, y de los derechos sociales conquistados para avanzar hacia una patria libre, justa y soberana.
En este marco, la Federación rechaza de manera categórica las plataformas electorales que impulsan la destrucción de lo público, con el sistema de arancelamiento y vouchers para la universidad, la escuela y la salud, el traspaso al CONICET a manos privadas, la vuelta al sistema de jubilación privada, el reemplazo de las indemnizaciones por el sistema de auto-indemnización con libreta de desempleo, etc..
Se trata de planteos que nos retrotraen a la década del ‘90 cuando se pretendió instrumentar un proceso de mercantilización de las universidades públicas y al sistema científico estatal. Esos planes fueron enfrentados con enormes luchas de la comunidad educativa, las cuales lograron frenar el arancelamiento y la privatización de la educación y la investigación.
